En El Salvador, la relación entre trabajo y salud no puede entenderse únicamente desde la exposición a riesgos físicos evidentes. Para miles de mujeres, la falta de derechos laborales opera como un determinante estructural de la enfermedad, afectando de manera sostenida su salud física, mental y sexual-reproductiva. No se trata de episodios aislados, sino de procesos acumulativos que se inscriben en los cuerpos a lo largo del tiempo.
La precariedad laboral no solo limita ingresos o estabilidad; modifica la forma en que las mujeres habitan su propio cuerpo. Jornadas extensas, ausencia de pausas, imposibilidad de enfermarse, miedo a perder el empleo y falta de acceso efectivo a la seguridad social generan un entorno donde la enfermedad no es una excepción, sino una consecuencia previsible.
Uno de los efectos más invisibilizados es la relación entre estrés crónico y enfermedades autoinmunes. La evidencia médica reconoce que el estrés sostenido, la falta de descanso y la sobreexigencia física y emocional actúan como factores desencadenantes o agravantes de padecimientos como lupus, artritis reumatoide, fibromialgia y otros trastornos inflamatorios. En contextos laborales sin derechos, las mujeres no solo están expuestas a estos factores, sino que además carecen de condiciones para diagnosticarse y tratarse oportunamente, lo que agrava la progresión de la enfermedad.
La salud mental es otro ámbito profundamente afectado. La inseguridad laboral permanente —no saber si mañana habrá empleo, ingreso o posibilidad de cubrir necesidades básicas— produce ansiedad, depresión, trastornos del sueño y agotamiento extremo. A diferencia de otros contextos, estas afectaciones no suelen reconocerse como motivos legítimos de incapacidad. Las mujeres continúan trabajando aun cuando su salud emocional está deteriorada, normalizando el malestar como parte inevitable de la vida laboral.
La precariedad también impacta de forma directa en la salud sexual y reproductiva. La falta de licencias, permisos y garantías mínimas obliga a muchas mujeres a postergar controles ginecológicos, atención prenatal o tratamientos relacionados con su salud reproductiva. En algunos casos, el miedo a perder el empleo o a sufrir descuentos salariales pesa más que la necesidad de atención médica. La salud se vuelve negociable, subordinada a la urgencia económica.
La maternidad, lejos de ser protegida, se convierte en un factor de vulnerabilidad. La ausencia de garantías reales por maternidad expone a las mujeres a despidos encubiertos, reasignaciones punitivas o pérdida de ingresos. Muchas regresan al trabajo antes de haber completado procesos básicos de recuperación física y emocional, lo que tiene consecuencias a mediano y largo plazo en su salud.
En sectores altamente feminizados, como las maquilas, el impacto físico del trabajo sin derechos es especialmente evidente. Permanecer largas horas en una misma posición, realizar movimientos repetitivos, trabajar bajo presión de metas y sin pausas suficientes provoca lesiones musculoesqueléticas, problemas circulatorios, dolores crónicos y fatiga extrema. Estas afectaciones suelen ser tratadas como molestias menores, cuando en realidad responden a condiciones laborales estructuralmente dañinas.
La postergación de visitas médicas es otra práctica extendida. Muchas mujeres evitan acudir al médico por temor a ser despedidas, sancionadas o a recibir descuentos salariales. Otras deciden no tomar incapacidades aun cuando son necesarias, porque no pueden permitirse perder parte del ingreso. Esta dinámica convierte al trabajo en un espacio donde enfermarse implica un riesgo adicional, y donde la prevención prácticamente desaparece.
Desde una perspectiva técnica, esta realidad revela una falla profunda: la ausencia de derechos laborales no solo vulnera normas del trabajo, sino que traslada los costos de la reproducción de la fuerza laboral directamente a los cuerpos de las mujeres. El sistema se sostiene porque ellas absorben el desgaste físico y emocional, pagan con su salud y continúan produciendo aun en condiciones adversas.
Reducir esta problemática a la falta de autocuidado o a decisiones personales es desconocer su raíz estructural. Las enfermedades que atraviesan los cuerpos de las mujeres precarizadas no son fallas individuales, sino síntomas de un modelo laboral que no protege la vida. Desde un enfoque de derechos, garantizar condiciones laborales dignas es una intervención directa en salud pública, especialmente en la salud de las mujeres.
Reconocer que el trabajo sin derechos enferma no es una afirmación retórica. Es una constatación técnica y social. Mientras la economía siga dependiendo del sacrificio silencioso de los cuerpos femeninos, la enfermedad seguirá siendo parte del costo oculto de la precariedad laboral.
