En los últimos años, y como resultado de las luchas a favor de la emancipación de las mujeres impulsadas por las organizaciones feministas y mujeres Defensoras de los Derechos de las Mujeres, nuestro país ha avanzado en el reconocimiento de la violencia de género, la desigualdad y la discriminación contra las mujeres, como las principales formas de violación de sus derechos humanos.
Durante este período, uno de los logros más importantes en cuanto a la institucionalización de las políticas para erradicar la violencia contra las mujeres, es sin duda, la aprobación de la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres, que entró en vigencia en enero del 2012 y que obliga a las instituciones de los tres Órganos del Estado, a elaborar propuestas y destinar recursos para implementar acciones en los ámbitos de la Política Nacional: Prevención; Atención y Procuración y Administración de Justicia.
