El aumento constante del costo de la vida en El Salvador revela una realidad difícil: la supervivencia diaria de muchas mujeres jefas de hogar se basa en sacrificios invisibles que van más allá de lo económico y afectan la dignidad humana. Mientras los precios de alimentos, transporte, vivienda y educación siguen subiendo, los ingresos, especialmente en sectores vulnerables, se quedan estancados. Esto profundiza las brechas que impactan de manera desigual a las mujeres.
La situación afecta especialmente a madres solteras, trabajadoras informales y mujeres con salario mínimo. Ellas no solo son responsables de la economía de sus hogares, sino que también llevan la mayor carga de cuidados, en un contexto donde el Estado ofrece pocas respuestas y el mercado laboral reproduce desigualdades históricas. Esto resulta en una situación insostenible: más responsabilidades y menos recursos.
Lejos de ser una crisis abstracta, sus efectos se muestran en decisiones extremas que muchas mujeres toman cada día: reducir su propia alimentación para priorizar la de sus hijos e hijas, trabajar más horas en diversos empleos o endeudarse para cubrir necesidades básicas. Estas estrategias, normalizadas en el discurso público, resaltan una precariedad que se ha vuelto estructural.
Pero el impacto no se detiene ahí. El costo “invisible” de esta crisis afecta la salud física y mental de las mujeres. El cansancio extremo, el estrés constante y la ansiedad son síntomas de un sistema que distribuye de manera desigual la carga de la supervivencia. En este sentido, la problemática debe verse más allá de la pobreza. Se trata de una forma de violencia estructural que limita las posibilidades de vivir con dignidad.
La narrativa que culpa a las personas por “no manejar bien” sus recursos pierde sentido en un contexto donde las opciones son cada vez más limitadas. La discusión central debe enfocarse en las condiciones que permiten, o impiden, sostener la vida. Esto incluye revisar las políticas salariales, los sistemas de protección social, el acceso a servicios básicos y, urgentemente, la redistribución del trabajo de cuidados.
Reconocer esta realidad es un primer paso, pero no es suficiente. La persistencia de estas condiciones plantea una pregunta difícil: ¿hasta qué punto puede considerarse justa una sociedad si quienes sostienen la vida lo hacen a costa de su propio bienestar? La respuesta, sin duda, cuestiona tanto a las estructuras como a la sociedad en general. Vivir con dignidad no debería entenderse como un privilegio, sino como un derecho fundamental.
